Santo Domingo, R.D.- La Federacion Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) consideró pertinentes las 12 observaciones enviadas por el Presidente Luis Abinader a la modificación de la Ley núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

El Dr. Pedro Richardson, Director Ejecutivo de FEDODIM, indicó que estas correcciones no deben verse como limitantes, sino como una mejora apreciable al texto inicialmente aprobado por el Congreso, ya que garantizan la viabilidad financiera y la autonomía de los ayuntamientos y juntas de distritos para mantener limpias a las comunidades, ayudando a que los gobiernos locales puedan operar de manera efectiva.

Entre los beneficios directos de las observaciones presidenciales, destaca que con ellas se eliminan las restricciones que limitaban el uso del suelo, devolviendo a los ayuntamientos y juntas de distritos su capacidad de decisión. Asimismo, se flexibilizan los limites regionales estrictos para la ubicación de infraestructuras (estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, etc.), permitiendo que los criterios sean evaluados caso por caso, lo que promueve la competencia económica y la eficiencia en la prestación del servicio.

Igualmente, se resalta que con la entrada en vigor de la ley, los gobiernos locales recibirán del Estado una contribución especial de RD$20.00 mensuales por habitante (a partir de
2026), que será utilizada exclusivamente para pagar los servicios de recolección de residuos y/o adquirir equipos y maquinarias esenciales. En el caso de los pequeños municipios y distritos municipales, se garantiza un aporte mínimo de RD$100,000.00 mensuales.
Para FEDODIM, las observaciones presidenciales reafirman la responsabilidad de los gobier

nos locales de garantizar una recolección de residuos eficiente y selectiva para todos los ciudadanos, impulsando la separación de residuos en la fuente (hogares y negocios), razones suficientes para señalar que el Congreso Nacional tiene en sus manos la decisión de dotar a las municipalidades de las herramientas financieras y legales necesarias para garantizar un servicio de recolección.