La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), saludo hoy la solución al conflicto generado entre la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y los gobiernos locales al esta pretender cobrar una cotización con base en un salario mínimo inexistente en los ayuntamientos y juntas municipales.
Ramón Santos y Pedro Richardson, presidente y director ejecutivo de la entidad que aglutina a loa 235 distritos municipales del país agradeció las gestiones encaminadas por múltiples actores en aras de solucionar el problema particularmente al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Lic. Víctor D’ Aza, que mediante comunicación del 10 de agosto del 2021 presento a la consideración del presidente de la República un borrador de decreto y una propuesta de circular que establece las facultades y reconoce la autonomía municipal para fijar el salario mínimo cotizable de los gobiernos locales.
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo emitió una correspondencia al despacho del Sr. Henrry Sahdalá Dumit, Tesorero de la Seguridad Social, donde expresa que la opinión de la Consultoría Jurídica es que no procede mediante decreto la fijación de tales salarios mínimos, pues el presidente de la República solamente tiene facultad de aprobar la escala salarial del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Núm. 105-13 sobre regulación salarial del Estado. En cambio, en virtud del artículo 15 de la ley citada, el régimen salarial de los gobiernos locales será establecido en la Ley Orgánica de Administración Local, la cual todavía se encuentra en elaboración.
Por ello, Los aumentos salariales a RD$10,000.00 instruidos mediante oficios núm. PR-IN-2019-6031, del 19 de marzo de 2019, del entonces ministro Administrativo de la Presidencia, serían de aplicación solamente a lo interno del Poder Ejecutivo. De hecho, dicha comunicación solo está dirigida a los titulares de los distintos órganos del Poder Ejecutivo.
FEDODIM agradece al presidente Luis Abinader por escuchar el llamado de las municipalidades que da solución a una problemática que afecta a más de 149 mil servidores públicos de los gobiernos locales